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“No hay gasto que alcance sin eficiencia del estado”

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    lucianaflorescba
  • 5 nov 2021
  • 4 Min. de lectura

Por: Luciana Flores


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Hace aproximadamente 10 años Argentina comenzó una debacle económica y social que se profundiza con el tiempo y que la aleja cada vez más del desarrollo y del progreso que alguna vez supo tener. Peor aún, no ha podido si quiera, en todos estos años, establecer algunos cimientos que nos permitan vislumbrar un mejor futuro. Las cifras que surgen del informe sobre "Indicadores de condiciones de vida de los hogares" que realiza semestralmente el INDEC, son verdaderamente alarmantes.


Sin embargo, lo más significativo, es que este persistente deterioro económico y social no ha sido consecuencia de una disminución de recursos económicos por parte del estado, sino de una mala administración e ineficiente utilización de los mismos. Argentina gasta en educación, salud y seguridad social en relación al PBI más que muchos países del mundo desarrollado, y el gasto no ha dejado de crecer en los últimos 20 años. A pesar de ello, no sólo no se observan resultados alentadores en ninguna de estas áreas, si no que los mismos parecen empeorar al ritmo del mayor gasto.


En educación, Argentina invierte más que Australia y Canadá en relación al PBI, pero los resultados de las pruebas internacionales PISA determinaron que en Argentina el porcentaje de jóvenes de 15 años con capacidades insuficientes de lectura supera el 55%, mientras que en Australia y Canadá son entre el 10 % y el 15% en todos los estratos sociales. Lo más grave, es que determinó que la brecha de aprendizajes por nivel socioeconómico en Argentina equivale a casi 3 años menos de estudio, reflejando que la igualdad de oportunidades parece ser solo teórica.


La mitad de los jóvenes del país no termina el secundario y de la otra mitad que lo termina, las pruebas Aprender del año 2017 (que miden los conocimientos adquiridos por los jóvenes que terminan el secundario) determinaron que el 46% de los jóvenes de las escuelas del estado no alcanza un mínimo nivel satisfactorio en lengua y el 78% no lo alcanza en matemáticas.


En el ámbito de la salud, el “Índice de Acceso y Calidad a la Atención Medica” que publica la revista internacional de medicina The Lancet, y que mide la calidad de los sistemas de salud de 195 países basándose en las tasas de mortalidad de 30 factores de muertes evitables, refleja que la cantidad de muertes por efectos adversos de la medicina en Argentina es significativamente más alta que en los países vecinos. Y si bien es destacable el alto nivel de cobertura para quienes no poseen seguro de salud, la calidad de las prestaciones es un enigma debido a la ausencia total de indicadores que la evalúen.


En el ámbito de la seguridad social, la gran mayoría de los jubilados argentinos cobra el haber mínimo ($25.000) que se encuentra por debajo de la línea de pobreza y el sistema previsional argentino está lejos de ser ejemplo de eficiencia, sustentabilidad y equidad, representando casi 2 puntos porcentuales del déficit fiscal. Es difícil de comprender entonces que con estos resultados se gaste casi el 10% del PBI en seguridad social.


El problema del estado argentino es el déficit de gestión y la ausencia de seguimiento y control de las erogaciones. No se definen metas objetivables, palpables y medibles, ni procesos y procedimientos que garanticen eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos. No se mide el rendimiento de los gastos, tampoco el desempeño de los recursos humanos. No hay conducción de línea media, ni rendición de cuentas.


El otorgamiento de fondos del estado no incluye incentivos a la productividad y al buen desempeño. Da lo mismo hacer las cosas bien o hacer las cosas mal. Da lo mismo la eficiencia o la ineficiencia si de todos modos los resultados no se miden ni se conocen. Las reglas son poco claras y los resultados son desconocidos.


Seguir nadando en la superficie es más fácil que asumir el compromiso de involucrarse en la conducción y en la gestión de las instituciones y organizaciones del estado. No disponer de mecanismos de evaluación de la calidad y medición de resultados libera de la responsabilidad que implica contar con ellos.


La planificación de las reformas estructurales que necesita nuestro país debe necesariamente incluir el diseño y la implementación de modelos de organización y gestión acordes a los tiempos actuales. No se puede seguir gestionando el estado como hace 30 años. El cambio verdadero debe venir con la voluntad de hacer las cosas distinto y con el compromiso de priorizar el progreso real de la población por sobre el cómodo y decadente statu quo.


La ineficaz disputa entre "mayor o menor estado", debe transformarse en la lucha por un "mejor estado". Una auténtica inclusión social, y con ella el efectivo desarrollo y crecimiento del país, solo será posible cuando el estado administre las erogaciones y las prestaciones con niveles de calidad y eficiencia gestionados, medidos y acreditados. Solo así, el gasto del estado se traducirá en mejoras genuinas para la calidad de vida de la gente y la “igualdad de oportunidades” pasará del relato a la realidad.





 
 
 

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