Por: Luciana Flores.
Para: La Voz del Interior.
Uno de los tantos desequilibrios macroeconómicos que deja el Gobierno actual es la enorme montaña de pesos que hoy está contenida en los pasivos remunerados del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Esta masa genera un déficit cuasifiscal del 10% del producto interno bruto (PIB), que se suma al 5% de déficit fiscal financiero del Tesoro.
En concreto, el stock de pasivos remunerados es de $ 24 billones, que hacen que se emitan unos $ 2,6 billones al mes para el pago de intereses, a una tasa de interés efectiva que corre en promedio al 250% anual. De ese stock, al momento de escribir estas líneas, $ 14,3 billones están en Pases y $ 9,5 billones, en Leliq.
Hace tiempo vengo diciendo que más grave que el déficit fiscal primario es el déficit cuasifiscal generado por el BCRA. Hoy el presidente electo, Javier Milei, parece tener la misma mirada, y expresa que será imposible ordenar las cuentas públicas si no se resuelve este problema.
Ahora bien, como todo desequilibrio generado, volver al equilibrio implica costos que, de manera directa o indirecta, alguien tiene que pagar. Lo que no queda claro es quién asumirá ese costo, dada la incertidumbre respecto de la solución que ejecutará el presidente electo.
Sabemos que lo ideal sería salir de este problema sin llegar a una hiperinflación, sin deuda externa y sin un canje compulsivo de los depósitos (plan Bonex). Pero a estas alturas, este escenario parece una utopía.
Algunos proponen un desarme gradual de estos pasivos, que sea el resultado de un plan integral exitoso. Si bien es una alternativa válida, esta solución requeriría una drástica baja de la tasa de interés y un número importante de economistas, incluido el presidente electo, desconfía de que esta opción sea viable y temen que conlleve a una hiperinflación.
Desde que trascendió que Luis Caputo, exministro de Finanzas y expresidente del BCRA del gobierno de Mauricio Macri, asumiría las riendas de la economía del futuro gobierno, se especula que la solución podría llegar a ser el rescate de estos pasivos con endeudamiento externo, es decir, que el Estado argentino tome deuda para disponer de los dólares necesarios para que los tenedores de Leliq y de Pases puedan desarmar sus posiciones en pesos y canjearlas por dólares frescos.
El manejo de estos instrumentos por parte del BCRA, manipulando la relación entre tasa de devaluación, tasa de inflación y tasa de interés, significó en los últimos años una gigantesca transferencia de ingresos desde los sectores asalariados y productivos al sistema financiero.
Si se implementara una solución similar a la ejecutada por los mismos actores de aquel gobierno, cuando se les dio salida a los fondos de inversión con parte de los fondos obtenidos por el crédito que el FMI le otorgó a la Argentina, ello implicaría garantizarle al sistema financiero esas ganancias extraordinarias obtenidas y que el grueso de la sociedad argentina, una vez más, se haga cargo de las pérdidas.
Javier Milei prometió que esta vez no serán los mismos de siempre quienes paguen los costos del ajuste. Entonces cabe preguntarse si el sistema financiero, participante central de este problema, va a contribuir a su resolución.
La pregunta en concreto es si, como parte de una negociación política del gobierno con los distintos sectores, el sistema financiero asumirá también parte del perjuicio que va a implicar para el conjunto de la sociedad el ordenamiento fiscal y monetario, por haber realizado voluntariamente una apuesta prestándole dinero a una entidad que está en quiebra, como es el Estado argentino.
Cabe recordar también las palabras del mismo presidente electo cuando explicaba que el gobierno de Macri “se fumó U$S 15 mil millones de las reservas para darles salida a los fondos de inversión, actuando irresponsablemente”. Explicaba que “uno de los grandes desastres que se hicieron en el BCRA lo hizo Caputo en dos o tres meses”.
Habrá que esperar para ver qué actitud tomará el presidente en esta ocasión. Sin embargo, el eje de la cuestión no pasa por si se rompen o no los contratos (en una falsa disyuntiva entre default o deuda), sino que responde a la misma pregunta de siempre: ¿quién paga el ajuste?
Lic. Mgter. Luciana Flores.
Redes:
Twitter @luflorescba
Instagram @lucianaflorescba
LinkedIn Luciana Flores