Delegación de poderes: sin doble estándar.

Por: Luciana Flores. Para: La Voz del Interior.

Hace tiempo que escribo en estas columnas lo que creo es el principal problema que padece nuestro país y que probablemente sea la causa del resto de los problemas: la incapacidad de una Nación de funcionar bajo el paraguas de las instituciones y de los valores de una república democrática y federal.

Quienes leen mis notas son testigos de los valores que siempre he defendido y que creo que son la base sobre la cual se asientan las democracias capitalistas de Occidente que alcanzan un desarrollo económico capaz de garantizar un progreso sostenido para sus comunidades. Es el modelo de país que he defendido siempre, ya sea cuando gobernó el kirchnerismo, Juntos por el Cambio o ahora con Javier Milei.

También son testigos de mi lucha contra el patético doble estándar que siempre nos caracteriza. No sólo el de la sociedad para analizar de manera diferente las mismas acciones según estas sean ejecutadas por aquellos con quienes nos sentimos identificados o no, sino también el de la clase dirigente de todos los colores políticos, que cuando es oposición condena las mismas acciones que luego justifica cuando es gobierno.

Desde el punto de vista del Estado, la institucionalidad, entendida como un atributo básico de la república dentro de un Estado de derecho, configura su distribución político-administrativa a la luz de la división de poderes. Un sistema de pesos y contrapesos que tiende a poner límites a las acciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y permite construir un sistema institucional sólido.

Venimos de décadas en las que la dirigencia nacional se ha ocupado de degradar el funcionamiento institucional alterando el equilibrio de los poderes del Estado.

Esta degradación también se expresa cada vez que se ha debilitado el sistema de partidos con liderazgos mesiánicos en reemplazo de liderazgos institucionales; con gobiernos que han hecho uso y abuso de los decretos de necesidad y urgencia; cada vez que se ha utilizado la dialéctica amigo-enemigo en la acción política ignorando que todos debiéramos participar de un destino común; cuando se ha intentado avasallar al Poder Judicial, como por ejemplo con el juicio a la Corte Suprema propiciado por el gobierno anterior; cuando se utilizaron las partidas discrecionales del Presupuesto como un sistema de premios y castigos para subordinar políticamente a los estados subnacionales; cuando se viola la independencia del Banco Central en sus funciones específicas de custodio de la moneda en función de intereses partidarios o electorales, entre otros tantos ejemplos que pudiéramos considerar.

RESTABLECER EL ORDEN INSTITUCIONAL: LA VERDADERA URGENCIA

El camino transitado nos trajo hasta acá. Argentina necesita cambiar el rumbo. Pero si el nuevo rumbo viene de la mano de la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, exageradas en el contenido y en el tiempo, y de la derogación de cientos de leyes por decreto (sobre aspectos que van a tener un influencia decisiva sobre la vida, sobre los valores y sobre la calidad de vida de la totalidad de la ciudadanía argentina), ignorando que el Poder Legislativo ha sido también elegido por el voto popular, significa que no hemos entendido por qué fracasamos.

¿Qué precedente se sentará si se le concede al Presidente esta gigantesca delegación de poder? ¿Qué podría pasar dentro de cuatro u ocho años con otro presidente, tal vez de un signo político contrario, que exija lo mismo pero en una dirección contraria? ¿Puede un país tener estabilidad y progreso de esta manera?

Es un grave error creer que la ejecución de un nuevo diseño económico más virtuoso, que nos libere de un absurdo sistema de restricciones, regulaciones y arbitrariedades que estableció el kirchnerismo, puede prescindir de la política o de las instituciones.

Podemos sortear la república y encontrar artilugios discursivos para justificar las acciones que se creen necesarias. Pero lo que no podemos es negar la realidad de las cosas, porque, más temprano que tarde, pagaremos las consecuencias.

Es cierto que estamos en estado de necesidad y urgencia, pero lo que no se termina de entender es que la urgencia que tiene este país es la de restablecer un orden institucional. Si esto no se comprende, podremos seguir cambiando de camino, pero definitivamente no cambiaremos nuestro destino.

EVOLUCIÓN, NO REVOLUCIÓN.

Hay muchos que hablan de revolución. Personalmente, soy partidaria de la evolución. En Argentina hemos padecido largamente las consecuencias trágicas de quienes han pretendido hacer revoluciones a cualquier precio.

Una transformación virtuosa es aquella que produce los cambios necesarios contemplando al conjunto de la sociedad en sus necesidades, intereses y aspiraciones, siempre plurales y diversas.

El Parlamento y las organizaciones de la sociedad civil son las herramientas institucionales con las que cuenta cualquier gobierno para armonizar las diferencias de una sociedad plural.

Lic. Mgter. Luciana Flores.

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